Alcaldías a modernizar sus códigos de rentas

Herman Montoya Llanten

La ley 1819 de 2016, “reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal”, ofrece a las entidades territoriales nuevas herramientas, de carácter sustantivo y procedimental, que les permitirán adoptar estrategias para aumentar el nivel de recaudo, llevar más bienestar a la población y fortalecer la descentralización. En esta columna realizaremos un resumen de los elementos relevantes a tener en cuenta.

La reforma definió de manera más objetiva elementos del impuesto de Industria y Comercio que generaban controversia, dado que su marco legal es del año 83 y en 33 años, la actividad empresarial ha cambiado. En lo que tiene que ver con base gravable, se deja claro que esta corresponde a la totalidad de los ingresos brutos del año, menos los ingresos que se pueden depurar; en territorialidad, se describen diferentes situaciones y se dice de donde son los ingresos y el tributo. En adelante se determinó que los servicios gravados para efecto del ICA corresponden a todos los pagos o abonos en cuenta por “hacer”, excepto cuando medie una relación laboral, sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual, condición que termina involucrando el ejercicio de las profesiones liberales como hechos generadores del impuesto. Para los pequeños empresarios se abre la posibilidad de crear un régimen preferencial que les facilite la liquidación y el cobro de sus impuestos territoriales. En el Impuesto de Alumbrado Público se deja a la CREG la facultad para reglamentar la forma de liquidar el impuesto, y también deja un vacío cuando expresa que los comercializadores de energía “podrán” recaudar el impuesto en las facturas de energía, sin cobrar por el recaudo, ambos hechos en nuestra opinión generan incertidumbre.

En materia procedimental las herramientas más importantes corresponden a la posibilidad de facturar los tributos y notificarlos en la página web del municipio, dejando el envío a la dirección del contribuyente como mero trámite de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada, es decir, no servirá de nada evadir la notificación. El jefe de rentas o director de impuestos departamental podrá solicitar al organismo de transito correspondiente, mediante acto administrativo motivado, que se ordene la inmovilización del vehículo automotor o motocicleta que tengan deudas ejecutables pendientes de pago por concepto del impuesto de vehículos automotores. Una situación imperativa a tener en cuenta es la obligación de realizar la depuración contable de la entidad territorial en los dos años siguientes a la divulgación de la ley.

Esperamos que las entidades territorial se pongan al día en la apropiación de los nuevos apoyos legales.

Comments

comments