Reflexiones sobre la captura de servidores públicos

Álvaro Casas Trujillo

La reciente captura de servidores públicos en Popayán es especial motivo de reflexión, por las calidades de las personas involucradas en la situación; lo primero, es recordar que todos están amparados por la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, que constituye un elemento esencial del Derecho Fundamental al Debido Proceso (art. 29 Constitucional), cuyo complemento es el ordenamiento superior que atribuye la calidad jurídica de antecedente penal, solo a las decisiones contenidas en sentencias ejecutoriadas (art. 248); bajo esa óptica debe analizarse el asunto, dejando a salvo el buen nombre de estas personas, porque tienen derecho a defenderse y demostrar su inocencia, aunque es al Estado a quien corresponde la carga de la prueba, como titular de la Acción Penal; por ello, considero que, cuando la Fiscalía General de la Nación publica informaciones sobre procesos que apenas comienzan, condena por anticipado a la pena irreparable del escarnio público, además del espectáculo mediático de la captura, que algunos servidores del CTI parecen disfrutar; en lo personal, hasta aquí ha hablado el abogado, sigo prodigando mi aprecio y mi respeto al Concejal Pablo Andrés Parra Solano, a quien conozco de cerca como una persona seria y honesta; del abogado Víctor Rodríguez Parra, tengo el concepto de que es un buen jurista y veo en él a un hombre transparente; a ellos y a los otros ciudadanos que viven esta mala hora, envío mi mensaje de solidaridad.

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